El Gobierno ha confirmado que no ha autorizado la consulta popular sobre la retirada de los símbolos franquistas en el ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra), pero tampoco actuará en su contra. En su lugar, defiende que debe ser el Ministerio Público quien actúe si lo considera pertinente.
Con un bando fechado el pasado 23 de octubre, el regidor popular de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, daba cuenta de la solicitud del BNG para proceder a la retirada de la Cruz de Primo de Rivera existente en el pilón de Carreiras en aplicación de la ley de Memoria Histórica y convocaba una consulta «con el fin de conocer la opinión de los vecinos».
En concreto, el alcalde invitaba a hacer llegar las opiniones ciudadanas al respecto a través de las oficinas municipales o bien al correo electrónico del consistorio para tomar una decisión al respecto.
Distintos colectivos en defensa de la Memoria Histórica -la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, A Regaducha de Vilaboa, el ARMG de Valga y Vagalume de A Estrada- criticaron la medida acusando al regidor de tratar de revestir de democrático un incumplimiento de la legalidad y esta polémica cuestión llegó hasta la Moncloa.
El senador de Compromís Carles Mulet planteó al Gobierno la siguiente pregunta por escrito: «El alcalde del municipio gallego de Pontecesures ha organizado un referéndum ciudadano para ver si cumple o no con la ley de memoria histórica en su municipio y hace desaparecer todos los vestigios existentes en el municipio. ¿Está este referéndum autorizado por el gobierno?, en caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar? Puesto que se trata de un incumplimiento flagrante de la legalidad vigente en España este desataco por parte del alcalde de Pontesures, ¿va a instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra este alcalde?».
Respuesta del Gobierno
Ante esta cuestión, el Gobierno ha preferido mantenerse al margen. Si bien admite, en su respuesta parlamentaria, que el consistorio de Pontecesures no ha registrado ninguna solicitud de autorización para celebrar una consulta popular como marca la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, sostiene que debe de ser la Fiscalía en ejercicio de su propia autonomía la que decida si debe o no actuar al respecto.
«A fecha de hoy no consta que en la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales haya entrado un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Pontecesures solicitando la autorización del Gobierno de la Nación para celebrar una consulta popular», señala el ejecutivo. No obstante, añade: «Es misión del Ministerio Fiscal promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados».
Diariocrítico
