Dalila Dopazo Blanco deja el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas.

La jueza Dalila Dopazo Blanco, hasta ahora titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Caldas de Reis, dejará este puesto en los próximos días, para incorporarse a un nuevo destino que, por el momento, no ha trascendido.
Dalila Dopazo se hizo cargo del Juzgado número 1 de Caldas hace más de tres años y tuvo, como uno de sus primeros casos, la aparición de un esqueleto humano en una finca de Bemil, durante unas tareas de desbroce correspondientes a las obras de construcción de la Variante Este.

A su marcha dejará abiertos algunos casos de relevancia que afectan a cargos públicos de la comarca. Uno de los más polémicos es la investigación sobre el consumo de combustible de los vehículos de obras del Concello de Pontecesures durante el mandato del ex alcalde Luis Álvarez Angueira, que está imputado, junto al responsable de Obras, Xurxo Gerpe, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Tras la denuncia del PP y de los concejales no adscritos la jueza archivó el caso y rechazó investigarlo, pero varios meses después la Audiencia Provincial le ordenó instruir la causa ante los incidios de delito que existían.

También quedarán sin cerrar dos causas que afectan al alcalde de Portas, Roberto Vázquez. La primera por un presunto delito de fraude fiscal a través de su empresa Pazos Souto 2000. La Fiscalía sospecha que pudo haber emitido facturas falsas por valor de unos 600.000 euros, lo que podría suponerle entre uno y cuatro años de cárcel y una multa de hasta un millón de euros. También está imputado por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios por haber contratado, desde el Concello de Portas, a empresas de su ámbito familiar.

DIARIO DE AROUSA, 16/12/09

Dalila Dopazo deja el Juzgado de Instrucción nº 1 de Caldas.

La actual titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 1 de Caldas, Dalila Dopazo Blanco, dejará su puesto para trasladarse a un nuevo destino. El próximo viernes, 18 de diciembre, será agasajada con una comida de despedida por los funcionarios del Juzgado.
Dopazo Blanco, que llegó a la villa desde el anterior destino en Amposta (Tarragona), a donde fue trasladada en 2005, lleeva más de 3 años al frente del primer juzgado de Caldas, en donde ningún titular suele estar más de ese período, al ser un destino provisional. Uno de sus primeros casos fue la aparición de huesos humanos en las obras de la Variante Este de Bemil. Además, es una de los pocos jueces que se significan por utilizar habitualmente el idioma gallego en los procesos judiciales.
ASUNTOS PENDIENTES.
Su sucesor tendrá que hacerse cargo de asuntos pendientes relacionados con varias corporaciones municipales de la comarca, como el caso del consumo del gasoil de Pontecesures, por el que están imputados el ex alcalde Luis Álvarez Angueira y el jefe de Obras, Xurxo Gerpe.
Otros asuntos que quedan abiertos afectan directamente al regidor de Portas, Roberto Vázquez. Se trata de la imputación de fraude a Hacienda como propietario de una empresa inmobiliaria, y de la denuncia admitida a trámite presentada por ediles de la oposición, que le acusan de adjudicar obras a empresas propias o de su familia.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 16/12/09

El Juzgado de Caldas reclama al concello datos del gasto en gasoil entre 2003 y 2005.

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La investigación del juzgado caldense se centra en el consumo del Nissan Patrol.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis continúa, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial, con la instrucción del caso del consumo de gasoil del vehículo Nissan Patrol de Obras del Concello de Pontecesures durante la época en la que era alcalde el nacionalista Luis Álvarez Angueira. La titular del juzgado remitió una providencia al Ayuntamiento en la que requiere a la secretaria datos sobre los gastos de combustible de este vehículo, el kilometraje del Patrol o el procedimiento que se empleaba para autorizar los pagos del gasoil.

Dalila Dopazo Blanco, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas de Reis, envió el lunes una providencia al Concello de Pontecesures, al que requiere información sobre el consumo de gasoil del Nissan Patrol de Obras entre los años 2003 y 2005, cuando era alcalde Luis Álvarez Angueira. Esta diligencia se deriva de la denuncia presentada por el PP y la posterior querella criminal de los ediles no adscritos, que sospechan que podría haberse cometido un supuesto delito de malversación de caudales públicos, por el que están imputados tanto el ex alcalde Álvarez Angueira como el responsable de Obras, Xurxo Gerpe.
La jueza otorga un plazo de veinte días a la secretaria municipal para que le facilite una certificación que incluya la relación de pagos de combustible imputados al vehículo Nissan Patrol durante los años 2003, 2004 y 2005, además de detallar si existe o no correspondencia entre las cantidades abonadas y los tíckets y facturas. También solicita Dalila Dopazo el kilometraje, ??se lle consta?, del vehículo en cuestión durante el mismo período.

La secretaria también deberá informarla sobre el procedimiento que se empleaba durante esos años para autorizar los pagos del combustible facturado al Nissan Patrol y sobre si la propia secretaria puso alguna oposición a la aprobación de algún pago finalmente realizado. Finalmente, jueza pregunta a la secretaria si tenía constancia de la inclusión de combustible adquirido en garrafas que se facturaba al Nissan Patrol pero se destinaba a otros vehículos y usos municipales.

Esta fue la argumentación que ofreció Angueira en su declaración como imputado en el juzgado, ya que manifestó que los gastos en gasoil del Nissan Patrol eran tan elevados porque se adquiría combustible en garrafas con cargo a ese vehículo pero que finalmente se destinaba a otros usos municipales.

Declaraciones.
Por otra parte, la jueza todavía tiene pendiente de resolución las peticiones de nuevas declaraciones de testigos realizadas por las dos acusaciones particulares: el PP y los no adscritos.

Solicitaron la ampliación de la declaración del edil Luis Sabariz, de dos trabajadores municipales y que se requiera a los responsables de la gasolinera en la que repostaba el Nissan Patrol para que facilite un listado de trabajadores de aquella época para que presten declaración en calidad de testigos.

DIARIO DE AROUSA, 18/11/09

El conductor de un ciclomotor fallece en A Medela en una colisión con un turismo.

Crio

El turismo colisionó por detrás contra el ciclomotor cuando ambos vehículos circulaban en dirección a Santiago.

José Iglesias Agrasar, de 67 años de edad y vecino del lugar de As Cernadas, en Valga, falleció en la mañana de ayer cuando circulaba en su motocicleta por la N-550 y, a la altura de A Medela, fue arrollado por un turismo, un choque que le causó la muerte de forma casi instantánea.

El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 9:20 horas en el punto kilométrico 88,9 de la carretera N-550, a su paso por el lugar de A Medela, en el término municipal de Valga. Se trata de una zona en la que la calzada se divide en tres carriles. El ciclomotor en el que viajaba el malogrado José Iglesias circulaba en dirección a Santiago por el único carril de bajada. Detrás suya, y en la misma dirección, avanzaba un vehículo Citroën Xsara Picasso con matrícula 1205-FRP.
Por causas que se desconocen, el coche arrolló al ciclomotor y, como consecuencia del impacto, José Iglesias Agrasar salió despedido y acabó tendido en el arcén. Falleció casi en ese momento a pesar de que, en el momento del accidente, llevaba puesto el casco, según confirmó la Policía Local de Valga, que acudió al lugar del suceso alertada por el servicio de emergencias del 112, que fue el primero que tuvo conocimiento del siniestro de tráfico al recibir varias llamadas telefónicas de particulares. Inicialmente no estaba claro si el conductor del ciclomotor había fallecido, algo que certificaron poco después la Policía y los médicos de una ambulancia del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de José Iglesias.

Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Valga y el agente de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona, ya que los vehículos invadían en parte de uno de los carriles de la carretera. La Guardia Civil de Tráfico desplazó una patrulla y una equipo de atestados que realizaron las pertinentes diligencias para su remisión al Juzgado de Caldas de Reis.

DIARIO DE AROUSA, 03/11/09

Empleados de Nestlé denuncian que la empresa lleva tres años sin pagarles cantidades adeudadas por antigüedad.

Hace tres años que una sentencia reconoció a cerca de una veintena de empleados de la fábrica de Nestlé en Pontecesures su condición de fijos. Sin embargo, la empresa aún no pagó las indemnizaciones correspondientes por antigüedad. Eso es al menos lo que denuncian los afectados, que resaltan que Nestlé no presume solo de la calidad de sus productos sino también de mantener unas buenas relaciones laborales y atender los derechos de su personal. «Lamentablemente esto último no es verdad -aseguran los trabajadores-. Además de decidir despidos con la menor indemnización posible, desde hace tiempo las subidas salariales son prácticamente testimoniales en la empresa, la cual abusó también de la contratación eventual en fraude de ley; esto es, contratar como eventuales a trabajadores que tenían que haber sido contratados como fijos continuos o discontinuos».
Después de años trabajando en esta situación, los empleados eventuales, a la que se les contrataba solo por temporadas, acudieron a los tribunales para que, atendiendo a la modificación de las leyes que les reconocían su condición de fijos discontinuos, se les incluyese en esa categoría, y además, se les pagaran los atrasos por antigüedad.
Hace tres años que el Juzgado de lo Social de Pontevedra les dio la razón. «Si la empresa fuera lo que dice que es para sus empleados, ahí tendría que haber finalizado el litigio y cumplirse esa sentencia, pero Nestlé, con un equipo de abogados que por su número y actuación parecían de las series de televisión americanas, recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirmó la primera sentencia».
Recurso ante el Supremo
No finalizó ahí el rosario judicial, aseguran, sino que tras el varapalo del TSXG, la empresa recurrió la sentencia ante el Supremo, «que desestimó ese recurso el pasado mes de junio, puesto que las alegaciones de la empresa no tenían base legal».
Los afectados denuncian que entró ya el mes de octubre y la situación sigue siendo la misma, que se han cumplido tres años desde la primera sentencia y que la empresa trata de ganar tiempo en los juzgados para no pagar los cuatrienios de los servicios prestados. «Y esto es así por la terquedad de Nestlé, que tiene cada vez más una política inflexible ante los derechos de su personal, queriendo retrasar al máximo el cumplimiento de lo que la sentencia resolvió como justo para dejar claro que se opondrá ‘hasta donde haga falta’ a toda solicitud de reconocimiento de derechos que las leyes y el convenio colectivo estipulan», sostiene la plantilla cesureña.

LA VOZ DE GALICIA, 24/10/09

El Concello de Padrón demanda a Comunitel por el corte de teléfono.

Vodafone tendrá que responder por coacciones y alteración del orden ·· Dio de baja 17 líneas por «impago»

Estaba cantado. Y es que el Concello de Padrón era consciente de la dificultad de trabajar sin 17 líneas de teléfono (entre ellas las de la policía, Protección Civil o centro médico) ante eventuales accidentes, como la electrocución de un trabajador que divulgaba este diario el pasado viernes. Así, la administración local acaba de acudir a los tribunales, y alega que sí que pagó la factura.

Afortunadamente, ayer no se produjo ningún percance de tal calado, pero las líneas seguían sin estar operativas, por lo que el Concello presentaba la demanda contra a Comunitel, firma de Vodafone, por presunto delito de coacciones, desórdenes públicos y daños. La empresa de telecomunicaciones aclaraba a este diario que las líneas fueron dada de baja «por impago».

Según apunta el representante legal del Ayuntamiento, «desde el pasado viernes 16 de octubre de 2009, sin mediar aviso de ningún estilo, por la denunciada se procedió a suspender el servicio de telefonía en todas las instalaciones municipales, nada menos que 17 líneas telefónicas, dejando incomunicados no solo los servicios internos municipales, afectando gravemente al normal funcionamiento de la administración local, sino también aquellos servicios indispensables de atención al ciudadano, como son la Policía Local, Protección Civil, centro médico y centro social, generándose con ello una situación de imposibilidad de prestación del servicio en condiciones para poder atender las situaciones de riesgo inminente para las personas y bienes en la demarcación de Padrón».

Entre las diecisiete líneas que fueron anuladas están cuatro de oficinas; dos de la Policía Municipal; otras dos de Protección Civil; cuatro del centro de salud, dos del centro social, una de la biblioteca y dos en el edificio de servicios múltiples.

INFORME Tesorería cree que los pagos están al día

Sobre el corte, el abogado municipal apuntaba que a pesar de las reiteradas llamadas al servicio de atención a grandes clientes de la empresa denunciada, aún no han recibido «ningún tipo de explicación sobre lo acontecido y menos aún se ha restablecido el servicio, máxime cuando mi representada se encuentra al día en el pago de todos y cada uno de los recibos girados por la empresa denunciada, tal y como se demuestra con el informe elaborado por la Tesorera, María Dolores Vázquez Rodríguez», apunta.

Dicho informe, con fecha dea 19 de octubre de 2009, se acompaña a efectos probatorios a la demanda que está previsto sea presentada hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de la villa .

EL CORREO GALLEGO, 20/10/09