TRIBUNA : | Xosé Carlos Fernández Díaz Ingeniero T. de Obras Públicas.
Estoy convencido de que los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia tienen la posibilidad, la capacidad y, seguramente, tendrán el éxito, en cuanto inicien el proceso de denuncia contra la empresa que está originando una situación absurda y paradójica y lesiva contra los ciudadanos que se da en nuestra comunidad. Deben exigir la expropiación de la titularidad del servicio público frente a una empresa, también pública, que lleva impidiendo la prestación de los servicios públicos de Cercanías a que tienen derecho los ciudadanos de Galicia como los de otras comunidades de España.
Renfe-Operadora lleva varios años prestando servicios de Cercanías en nueve de las quince comunidades peninsulares, de las cuales cinco de ellas con menor población que Galicia y en varios núcleos con menor densidad y concentración demográfica que los hinterlands de A Coruña y Vigo.
Falta solamente voluntad política e institucional para emprender esta iniciativa por nuestro actual Gobierno autónomo, al cual la empresa Renfe-Operadora lleva engañando y ninguneando desde hace cuatro años, dejando en ridículo e inoperancia a su propio programa político y las expectativas de los ciudadanos.
Los costes de los billetes de Cercanías de las grandes poblaciones, empezando por las propias Madrid y Barcelona, se hallan subvencionados por los Gobiernos central, autonómico y hasta municipal, por entenderse que este tráfico ayuda a descongestionar las ciudades, evita costosas inversiones en viales y aparcamientos, y contribuye a liberar de contaminación el aire que se respira, aparte su eficiencia energética y el menor coste de combustible de importación.
Por tanto, o la empresa operadora se sienta a negociar la implantación del servicio de Cercanías, o su exclusividad del servicio público debe ser expropiada de un presunto derecho que solo está ejerciendo en su exclusivo beneficio, manteniendo como rehén a la sociedad gallega del entorno de las ciudades, elevando el coste de la vida y haciendo inviable la lucha contra la contaminación atmosférica.
Cualquier operador ferroviario (incluso en Galicia tenemos uno de nivel europeo) podría realizar el servicio por encomienda de la Xunta de Galicia.
Si las manifestaciones de nuestro presidente ante el Parlamento y los medios de comunicación son sinceras, tiene que pasar de las palabras vanas y de las promesas incumplidas a los hechos. Por estos lo juzgaremos los ciudadanos.
LA VOZ DE GALICIA, 27/10/08
