DIRIXIDO A MENORES DE 30 ANOS. ORGANIZA A DEPUTACION DE PONTEVEDRA
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La juez desestima la petición de Valga a la Diputación para que sufrague el coste del CODI.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valga contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación sobre la cofinanciación de los servicios sociales comunitarios municipales que excluía los llamados servicios específicos, es decir los que cubrían ayudas a personas con discapacidad a través del Codi.
En la sentencia, de 20 páginas, la juez desestima la demanda con argumentos tales como que «de una interpretación conjunta y literal de la normativa no se infiere, por más que así lo intente sustentar el Ayuntamiento demandante, que la Diputación esté obligada a cofinanciar siempre y en todo momento la contratación de personal o la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, en el caso de que tales servicios tengan que ver con los que se pueden calificar de servicios sociales específicos».
Agrega que por más que insista el demandante «solo existe una exigencia legal, real y clara de que se cofinancien, por supuesto en la medida de las posibilidades oportunas, gastos relativos a la prestación de servicios comunitarios básicos».
Respecto a una sentencia anterior del TSXG que invocaba el Ayuntamiento de Valga para, supuestamente, confirmar su tesis, la juez no admite debate ya que «la Administración provincial demostró que cambió el criterio en lo que se refiere a esta cuestión en el senido de que cofinanciar esos servicios solo para Valga y Meaño, cosa que no sucedía en el resto de ayuntamientos, supondría un trato discriminatorio en detrimento de estos últimos».
La Diputación recalca que los argumentos de la juez avalan los razonamientos y numerosos informes de la institución provincial en los que el propio secretario subrayó que «de conformidad con la legislación, la obligación es subvencionar los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes , exclusivamente en su modalidad de comunitarios básicos, excluyendo los específicos».
Recuerda que la obligación de financiar servicios específicos es de la Xunta de Galicia, aunque antes los pagara la Diputación.
La Voz de Galicia
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Piden mayor presencia policial en Pontecesures al detectarse un incremento de los trapicheos.
El gobierno local de Pontecesures quiere que el número de efectivos policiales en el municipio se vea incrementado. ¿El motivo?. El aumento de trapicheos en algunas zonas y la ocupación de propiedades abandonadas para realizar esta actividad y robar lo poco de provecho que queda en el interior de estas viviendas. Fue el servicio de drogodependencia del concello el que dio una pequeña alarma ante un posible aumento de estos casos. Por ello, el alcalde de la localidad, el popular Juan Manuel Vidal Seage, acudió a la subdelegación del gobierno de Pontevedra para solicitar que se haga una valoración de la situación y se incremente la presencia policial. «Queremos que la situación esté controlada y evitar que pueda ir a más», explica el alcalde, que todavía no ha obtenido respuesta desde Pontevedra.
Crecen los robos
A estas dos situaciones, hay que sumarle una más reciente. Si Vidal Seage acudió a la subdelegación del gobierno hace ahora poco más de un mes, en las últimas semana se produjo también un aumento de los robos en instalaciones públicas. El campo de fútbol fue uno de los lugares afectados por estos asaltos. «Finalmente, no se llevaron nada, pero hubo varios desperfectos», explica el regidor. Rompieron tanto vallas como las puertas de entrada a las oficinas, que ya se sustituyeron por unas nuevas: «No son grande daños, pero hubo que reponer las partes afectadas».
Al asalto al campo de fútbol, hay que sumarle el robo de las tuberías de desagüe de cobre de la biblioteca municipal. Ahora, las aguas pluviales bajan directamente por las paredes de piedra. Y, provocan humedades en ellas. «Estamos a la espera de recibir el material para cambiarlas», indican desde el gobierno local. Se pasará de tuberías de cobre a tuberías de PVC para evitar futuras tentaciones. Por su parte, desde la biblioteca ya han presentado la oportuna denuncia ante la Guardia Civil.
«Estos robos vienen a ratificar que es necesaria esa mayor presencia policial», señala Seage. Y, es que a estos hurtos hay que sumarle los que se produjeron en viviendas particulares y que también fueron denunciados. No son muchos, pero se suman a la lista.
La Voz de Galicia
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Bello Maneiro lleva a pleno unos presupuestos polémicos, que podrían terminar en el juzgado.
El Concello de Valga acoge hoy un pleno en el que está prevista la aprobación de los presupuestos del 2018. Se trata de unos presupuestos polémicos, que cuentan con una alegación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra (Cosital) y el rechazo de la oposición. Es desde el PSOE desde donde indican que la alegación ha sido desestimada por el secretario y el interventor a los que En Marea vinculada a una trama de corrupción que tendría al alcalde del municipio, José María Bello Maneiro, a la cabeza. Las cosas siguen revueltas en Valga y con la más que probable aprobación de los presupuestos (El PP cuenta con mayoría absoluta) parece que no va a calmarse.
«O PSOE advirte que os orzamentos que se pretenden aprobar incurren nas mesmas irregularidades que os do 2017 e que supuxeron o inicio da suposta trama de corrupción que se denunciou en Valga», señalan desde el grupo socialista. Recuerdan también que los presupuestos del año pasado están recurridos ante el Tribunal Superior de Xustiza tanto por Cosital como por ellos. Lo que apunta a que, de ser aprobados los que se llevan hoy a pleno ordinario, podrían correr la misma suerte. «Será imposible xestionar o Concello e darlle un servizo correcto aos veciños se o TSX de Galicia anula os orzamentos de dous anos consecutivos», afirman.
Los puntos de la discordia
Son varios los puntos que PSOE y Cosital tildan de irregulares: La ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el incumplimiento de la ley de transparencia, la ausencia de intervención sindical y el incumplimiento de la obligación de reservar las funciones de tesorería y recaudación a habilitados nacionales. A estos hay que sumarles el punto más controvertido. Los presupuestos fijan la partida que se destinará al pago de los sueldos del secretario e interventor y que recoge unas cuantías muy inferiores a la media y que En Marea vincula a una trama de corrupción.
«O Concello de Valga está impedido a cobertura dos postos de secretario e interventor ao fixar unhas condiciones retributivas moi inferiores as doutros concellos similares. Por destacar un dato, o complemento específico non chega a metade do máis baixo dos concellos da provincia de Pontevedra de características similares», señalan los socialista, que hoy votarán en contra de su aprobación.
Las sospechas de En Marea
El vínculo con los presupuestos que se llevarán a pleno y la trama que denuncia En Marea se encuentra en la cuantía que se destina a pagar al secretario y al interventor. «Con salarios máis baixos do normal disuaden aos funcionarios habilitados de pedir a praza, de xeito que rematan sempre por estar vacantes», denuncian desde la agrupación, desde donde indican también que el alcalde compensaría con dietas irregulares a unos trabajadores «elixidos a dedo», que se harían la vista gorda a la actividad desenvuelta por Bello Maneiro. El popular ya negó las acusaciones y anunció que los asesores jurídicos del Concello están estudiando la interposición de una querella contra En Marea.
La Voz de Galicia
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Los socialistas alertan de que en el presupuesto de Valga hay «irregularidades».
Consideran que se cometen los errores «que propiciaron el inicio de la supuesta trama de corrupción».
El pleno de Valga se reúne esta noche para aprobar definitivamente el presupuesto municipal para el presente ejercicio. Lo hace con el voto a favor del gobierno, el PP de José María Bello Maneiro -que dispone de mayoría absoluta- y el rechazo del PSOE, ya que este grupo alega que ese documento «incurre en las mismas irregularidades que el de 2017, las cuales supusieron el inicio de una supuesta trama de corrupción».
La formación socialista advierte de que el PP «quiere aprobar el presupuesto a pesar de la contundente alegación del Colegio de Secretarios e Interventores de Pontevedra, la cual fue desestimada por el secretario y el interventor municipales, implicados en la presunta trama».
Haciendo suyas las alegaciones citadas, los ediles socialistas esgrimen que «el Concello carece de una Relación de Puestos de Trabajo formal y materialmente aprobada; además de impedir la cobertura de los puestos de secretario e interventor al fijar unas condiciones retributivas muy inferiores a las de otros municipios similares».
Otra de las alegaciones esgrimidas por los socialistas hace referencia a la «omisión del preceptivo puesto y plaza de Tesorería», explicando que «el Concello lleva diez años incumpliendo su obligación».
Por estas y otras razones el PSOE de Valga advierte de que «en caso de que el grupo popular apruebe los presupuestos todo parece indicar que el Colegio de Secretarios e Interventores los recurrirá», dejando constancia de que este documento económico «incurre en numerosas irregularidades» que, a la postre, «supondrán una traba para el funcionamiento del Concello durante los próximos años».
A modo de ejemplo pronostican que «será imposible gestionar el Concello y prestar un servicio adecuado a los vecinos si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula los presupuestos de dos años consecutivos».
El PSOE concluye que «Bello Maneiro pretende llevar al Concello a un callejón sin salida, por lo que le pedimos responsabilidad y que adecue estos presupuestos a la legalidad».
Faro de Vigo
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El alcalde de Valga estudia querellarse contra el portavoz de En Marea.
El regidor niega que exista una trama de corrupción en el Concello y pide respeto para los trabajadores.
Una semana después de que En Marea denunciase la existencia de una trama de corrupción en el Concello de Valga, el alcalde José María Bello Maneiro compareció ayer ante los medios de comunicación para negar estas acusaciones y anunciar que sus asesores jurídicos están estudiando interponer una querella contra el portavoz nacional de En Marea, Luís Villares, por las difamaciones vertidas contra el gobierno local y los trabajadores municipales. «En política non todo vale, hai que ser serios e respectuosos e xa é hora de que alguén empece a tomar medidas contra as descualificacións e os insultos», señaló.
En Marea acusa a Bello Maneiro de situar en los puestos de secretario e interventor del Concello a personas de su confianza para que hagan la vista gorda ante supuestas irregularidades en la gestión municipal. Y eso se consigue, según esta formación, siguiendo una estrategia basada en tres ejes: estableciendo una provisión económica inferior a la que corresponde por categoría, lo cual provoca que las plazas queden vacantes; el pago de dietas para compensar los sueldos bajos, y la contratación de una socia del interventor como refuerzo administrativo.
Explicaciones
Respecto a esta última cuestión, el alcalde justificó la contratación de una persona autónoma -con una retribución de mil euros al mes- en la necesidad de agilizar los asuntos atrasados y garantizar el buen funcionamiento de la administración. «Este contrato remata en xuño e é un traballo que, na meirande parte, non se fai fisicamente no Concello de Valga senón de xeito telemático a través da sede electrónica. Ao traballar con ordenadores é doado tirar do fío e saber quen traballa», señaló. «O señor Villares debe saber sobre iso porque denunciárono ante a Fiscalía Xeral do Estado, o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Axencia Española de Protección de Datos por, presuntamente, utilizar os servizos informáticos e a rede interna do Poder Xudicial para coñecer procesos xudiciais sobre políticos doutros partidos».
Sobre el pago de dietas, el regidor las cifró en 37,40 euros por cada día que ambos trabajadores acuden al Concello, uno o dos por semana. «Só faltaría que tiveran que pagar do seus petos as comidas e os desprazamentos desde Ribeira e Sanxenxo».
Respecto a los salarios que perciben el secretario y el interventor, Bello Maneiro afirma que están por encima de lo que marca la ley y defendió la profesionalidad, responsabilidad y compromiso de ambos trabajadores. «Pero algúns non reparan en que detrás destes profesionais hai familias».
Y aplicando los criterios que esgrime En Marea se pregunta si «o secretario de Pontevedra cobra un bo soldo para que faga o que quere o alcalde ou se o alcalde de Santiago ten como secretario a unha persoa da súa confianza polo mesmo motivo».
El popular tampoco dejó de referirse al Colegio Territorial de Secretarios e Tesoureiros de Administración Local (Cosital) -que denunció irregularidades en el Concello de Valga y recurrió los presupuestos municipales- para acusarlo de contribuir a difamar a uno de sus asociados y de usar una doble vara de medir. «Cantos recursos presentaron aos orzamentos de concellos da provincia por non ter RPT e tesoureiro?, que interese teñen en Valga?», se preguntaba ayer.
La Voz de Galicia