El plan B de Serra do Barbanza para la planta de residuos de Servia.

Los seis concellos socios de la Mancomunidad apuestan por adaptar las instalaciones para recibir aceite, textil o compost.

A pesar de las serias amenazas a las que se enfrenta la Mancomunidade Serra do Barbanza, los alcaldes de los concellos integrados en ella se declaran dispuestos a intentar enderezar el rumbo de la entidad y de la planta de tratamiento de residuos de Servia (Lousame). Es lo que se desprende de la reunión que mantuvieron el lunes para aprobar los siguientes y trascendentales pasos que tienen previsto dar.

Las deudas que arrastra la entidad; los incumplimientos de la concesionaria (FCC), cuyo contrato caducó en octubre de 2023; las consecuencias de la falta de mantenimiento en las instalaciones; el colapso de una planta que está derivando los descartes (los residuos que no puede tratar) a un vertedero de Sobrado dos Monxes; y la losa de una normativa europea que pone en jaque el sistema de separación de residuos en destino, son solo algunos de los problemas que tienen sobre la mesa los alcaldes de los seis concellos socios (Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia y O Son) y los 3 adheridos como clientes (Ames, Pontecesures y Rois), con voz, sin derecho a voto.

María Lago (alcaldesa de Muros): «La Mancomunidad delegó la gestión en FCCy no la fiscalizó. Pero el modelo de la planta de Servia es viable»

Como primer punto del orden del día y por unanimidad de los asistentes (no asistieron los regidores de Rois y Pontecesures) se aprobó definitivamente un plan de pagos a diez años para hacer frente a la deuda de 9 millones de euros (más los intereses) que la Mancomunidad tiene con FCC en cumplimiento de una sentencia judicial de 2010 y que va a repercutir en cada uno de los concellos de la entidad, por haber mantenido congelados los precios durante años.

La sentencia es firme (la ejecución ya fue solicitada). Sin embargo, habrá que concretar ahora qué porcentaje de esa deuda corresponde a cada concello en función del número de habitantes, las toneladas recogidas, la superficie del municipio… Una deuda que, según el presidente de turno de la entidad, Pablo Lago (alcalde de Brión), no solo pesa sobre los concellos socios, sino también sobre los adheridos, por cuanto se beneficiaron de que no se aplicase en su momento la subida de los precios.

Luis Oujo (alcalde de O Son): «Hay que velar por el empleo y por la viabilidad de la planta de Servia, aunque se envíe la basura a Sogama»

Pero la deuda con FCC es mayor. Según Lago, podría rondar los 20 millones de euros, pues en ella se incluyen también cuestiones en litigio, como por ejemplo las referentes a las cuotas pendientes de algunos concellos o a los gastos por reparación de maquinaria.

Como segundo punto, cada uno de los alcaldes asistentes se pronunció sobre su continuidad en la Mancomunidad de cara al 1 de enero de 2026. Los seis concellos miembros de pleno derecho mostraron su intención de continuar y velar por los 140 empleos. En el caso de Ames, el alcalde, Blas García, dijo que «nuestro compromiso era permanecer hasta que haya un nuevo contrato de concesión para mantener los empleos. Hace tres años nos ofrecimos a entrar como socios, pero nunca se nos contestó».

Pablo Lago (alcalde de Brión): «Acordamos dotar a la Mancomunidad de nuevo estatuto, crear un órgano de gestión y aprobar los presupuestos»

Ahora, el Concello de Ames trabaja con la intención de abandonar la entidad, aunque la decisión la adoptará el pleno de la Corporación tras conocer el estudio de costes de un servicio directo del Concello y del traslado de los residuos a Sogama. «El sistema de la planta de Servia no se adapta a la nueva normativa europea, y para llevar la basura a Sogama no necesitamos estar en la Mancomunidad», indica el regidor amesano.

El Concello de Rois solicitó información a la Mancomunidad para analizar los detalles relacionados con el coste del servicio con vistas a decidir si se mantiene adherido a la entidad o si la abandona, en la misma línea de Ames.

Juan Manuel Saborido (alcalde de Carnota): «Debemos velar por la viabilidad de una planta que tiene unas licencias ambientales muy difíciles de lograr»

Y el de Pontecesures comparte el modelo de Servia, pero no está dispuesto a seguir en la Mancomunidad «a cualquier precio». Y es que los seis concellos socios han instado a los adheridos a incorporarse también como socios de pleno derecho o a abandonarla. «La figura de cliente o adherido no existe. Ames, Pontecesures y Rois se benefician de un servicio que no gestionan. Y quieren votar, pero para eso deben ser socios de pleno derecho», señala Pablo Lago.

El siguiente paso que se marca la Mancomunidad es el diseño de un plan de viabilidad. La planta de Lousame ya no tiene capacidad para recibir más residuos y está enviando los descartes a un vertedero de Sobrado dos Monxes al que, por cierto, le queda un año de vida útil. Se entablaron negociaciones con Sogama para enviar esos descartes a la planta de Cerceda, pero no hay nada firmado.

Blas García (alcalde de Ames): «Si optamos por la gestión directa, para enviar la basura a Sogama no necesitamos estar mancomunados»

Además, ese plan de viabilidad apuesta por la diversificación, es decir, por dar entrada al tratamiento de residuos textiles, escombros, aceites, compost, etc., aprovechando que la planta de Servia cuenta con unas licencias medioambientales que hoy serían muy difíciles de conseguir.

«La planta es viable y hay muchas posibilidades», señala Ángel Brantuas, presidente del comité de empresa, que presentó a la entidad una propuesta que pasa precisamente por diversificar la actividad. «Se podría incluso tratar el compost de la comarca y de Santiago. En cuanto al empleo, hay 140 trabajadores, de los cuales el 60% son mujeres (muchas de ellas mayores de 50 años) que trabajan en la sección de separación manual, por lo que en un nuevo modelo podrían formarse para adaptar su trabajo a nuevas líneas de tratamiento de residuos», explica.

Un órgano de gestión

El comité de empresa solicita que la Xunta se implique en el futuro de la planta de Servia y quiere estar representado en la mesa de negociación del plan de viabilidad.

El siguiente paso de esa hoja de ruta que se plantean los alcaldes es la redacción de una Relación de Puestos de Trabajo y la creación de una estructura de gestión (con gerente, secretario, intervención, etc.). Y es que ese es otro caballo de batalla de la entidad: la gestión.

La alcaldesa de Muros, María Lago, cree que «la situación de la planta llegó a un punto muy difícil por la inexistente gestión. No hubo gestión desde la Mancomunidad. Se delegó todo en la concesionaria y no se hizo una fiscalización de su gestión».

María Teresa Tocino (alcaldesa de Pontecesures): «Compartimos el modelo de la planta de Lousame, pero no seguiremos en la Mancomunidad a cualquier precio»

El contrato de FCC caducó sin haber elaborado los pliegos para licitar una nueva concesión, un proceso que tiene un obstáculo añadido. La empresa no cumplió aún con una de sus obligaciones: tenía que haber adquirido el terreno en el que se ubica la planta (alquilado a un particular) y entregárselo a la Mancomunidad.

Al parecer, no pudo afrontar el alto precio que pedía el propietario. FCC planteó una quita de la deuda de la Mancomunidad, a cambio del terreno. Pero la entidad la rechazó al no poder calcular el valor del terreno ni tener la seguridad de que el dueño lo vendería. Ahora, la opción que se baraja es la expropiación, que debería asumir FCC.

Mientras tanto, al no disponer de los terrenos en propiedad, la Mancomunidad no puede sacar un nuevo pliego de licitación.

La Mancomunidad acordó además elaborar unos nuevos estatutos y unos presupuestos, pues funciona con los de 2015 prorrogados. De momento, aprobó un incremento «temporal» de las cuotas de los concellos hasta 2026.

Ramón Tojo (alcalde de Rois): «Desde el Concello estamos analizando el coste del servicio para decidir si Rois permanece o no en Serra do Barbanza»

La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, señala que los concellos adheridos a la Mancomunidad están en una situación diferente a los socios. «No tenemos derecho a voto. Solicité ya tres veces por escrito que me aclaren cuál es la cuota que debería pagar Pontecesures cuando colapsase la planta de Servia y hubiese que enviar los residuos a otra planta. Pero sigo sin respuesta». Añade que, tras la aprobación de las cuotas temporales, Pontecesures pasará de pagar 14.000 euros a 33.000. «Nosotros no generamos esa deuda. Pagamos siempre sin demora. Somos clientes, no socios. Estamos de acuerdo con el modelo de la planta de Servia, que nos situó como el concello con el porcentaje más alto de reciclaje de la provincia de Pontevedra. Estamos dispuestos a seguir, pero no a cualquier precio. Pontecesures no va a pagar el precio de una gestión que no fue lo rigurosa que debía haber sido». Cree que, si la instalación de Servia se convierte en una planta de transferencia de Sogama «no seguiríamos en Serra do Barbanza. No tendría sentido».

La Xunta recuerda a Servia y Nostián que deben «adaptarse» para cumplir con la ley

La Mancomunidade Serra do Barbanza y la planta de Nostián tendrán que adaptar su sistema de recogida de residuos para comenzar a gestionar las fracciones de plástico y metal, algo que no ocurre en la actualidad con el modelo húmedo-seco que ambas eligieron en su día y que separa los residuos en orgánicos e inorgánicos, lo que contraviene la legislación tanto a nivel europeo como estatal. Desde la Consellería de Medio Ambiente subrayan que en estos momentos ni una ni otra planta cumplen con las exigencias normativas.

No obstante, desde el departamento autonómico que dirige Ángeles Vázquez explican que las plantas de Barbanza y Nostián «tienen prevista la adaptación de sus procesos mediante las recientes modificaciones en sus Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), enfocando la gestión hacia la recogida selectiva de residuos de envases». Solo de este modo ambas instalaciones llegarán a poder cumplir los objetivos de reciclaje que se exigen actualmente a nivel europeo, lo que les permitiría seguir operando en el futuro.

Ante este escenario lleno de incertidumbres, la pregunta es ¿qué va a hacer la Xunta? Desde Medio Ambiente responden que, ante la «necesaria transición» hacia un sistema de recogida selectiva conforme a la normativa vigente, «se han abierto negociaciones clave» para la implantación del contenedor de envases ligeros, con el propósito de reforzar la separación de residuos y mejorar su tratamiento.

Desde la Xunta recuerdan, además, que tanto la Mancomunidade Serra do Barbanza como el Consorcio das Mariñas — que trata sus residuos en Nostián, al igual que la ciudad herculina— se han adherido al convenio marco con Ecoembes, lo que supone un «paso significativo en el fortalecimiento del modelo de gestión de residuos». «Y esperamos que el Concello de A Coruña también decida acogerse a este convenio próximamente», añaden.

Sobre la sanción que la UE podría imponer a España por no reciclar lo suficiente, la Xunta asegura que ha trabajado «activamente» para avanzar en esta materia, «poniéndose del lado» de ciudadanos y concellos y con «medidas incentivadoras» que faciliten la adaptación a la ley «de manera progresiva, justa y sin generar una presión desproporcionada sobre los municipios». 

Sogama está «preparada» para tratar la basura de los 313 ayuntamientos gallegos

Sogama está en disposición de gestionar los residuos producidos en todos los ayuntamientos gallegos. Así responden desde la Sociedade Galega do Medio Ambiente al ser cuestionada sobre las dificultades que atraviesan tanto la planta de Servia como la de Nostián, inaugurada en 1999, tres años después del derrumbe en el vertedero de Bens, en el que falleció un hombre, y adonde va a parar la basura de A Coruña, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. 

El complejo medioambiental situado en Cerceda trata los residuos de los 295 municipios gallegos restantes, que suman 2,2 millones de personas. En 2018 la capacidad de las instalaciones se amplió en un 81%, lo que supuso pasar de las 550.000 toneladas de residuos al año a poder gestionar 1 millón de toneladas anuales.

En caso de que los municipios que ahora envían sus residuos a Servia y Nostián decidiesen utilizar los servicios de Sogama el proceso sería el mismo que el seguido por cualquier otra entidad pública que envía su basura a Cerceda: firmar el contrato y facturar por tonelada de residuos entregada en sus instalaciones.

En estos momentos, la red de infraestructuras de Sogama comprende, además del complejo de Cerceda, 37 plantas de transferencia distribuidas por toda Galicia, 4 plantas de compostaje —una por provincia— y un vertedero controlado de cola para aquellos desechos que no pueden ser reciclados ni valorizados energéticamente.

A estas instalaciones se sumará la primera planta de clasificación de residuos textiles de Galicia, que se levantará en Cerceda y que tendrá una capacidad inicial para 3.000 toneladas anuales, aunque podrá llegar a tratar hasta las 24.000. El contrato de construcción y futura gestión integral fue adjudicado a comienzos de este mes por 22.480.815 euros (IVA incluido).   

Desde Sogama destacan que en los últimos años han destinado más de 100 millones de euros a incorporar las «últimas tecnologías disponibles» a sus procesos de gestión de residuos. Ejemplo de ello son la automatización de la planta de clasificación de envases y la nueva nave de recuperación de materiales. Y subrayan la apuesta por el transporte de la basura por ferrocarril. A día de hoy, el 57% se traslada por vía férrea, más del doble que en 2016.

El Correo Gallego